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¿Hay seguridad jurídica?
10 Febrero 2012, 1:43 PM
Vision turística
Escrito por: José Rafael Sosa (joserafael.sosa@gmail.com)

La sentencia de cinco años de prisión contra ejecutivos del Grupo Barceló por parte de un juez “interino” de Higuey,  da claramente la idea de que el país sigue sin ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas en turismo y otras áreas y deja ver como mucha gente sigue jugando a matar la gallina de los huevos de oro con una ruleta rusa.

La sentencia evidentemente que es resultado de un irresponsable chantaje judicial al que se prestan abogados, , jueces salidos debajo de la manga y la indiferencia irresponsable de autoridades judiciales que giran su vista hacia otro ángulo, frente a un espectáculo jurídico cuestionable, indolente y carente de bases legales.

 Es una pena verdadera tener que dedicarse a escribir sobre un esperpennto de esta naturaleza.

El Grupo Barceló tiene años operando en la República y haciendo inversiones de considerable importancia, con respecto de las leyes dominicanas.

 ¿Alguien ha pensado el efecto internacional que tendrá esta sentencia en los inversionistas potenciales que están apuntando hacia la República Dominicana?

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La  la  condena a cinco años de prisión  dictada por un tribunal de Higüey contra los ejecutivos de su complejo turístico en Punta Cana se basó  en un procedimiento que no estuvo sustentado legalmente con el  aparente propósito  de presionar a la empresa para que acepte  un acuerdo oneroso en torno a  una litis de carácter civil y comercial.

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El Grupo Barceló, propietario de la primera  cadena de hoteles de capital español establecido en la zona de , Punta Cana, ha solicitado públicamente  al presidente de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia seguridad jurídica para sus inversiones.

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El equipo legal de la corporación turística explica  que el tribunal colegiado encabezado por el juez interino Vicente Marte Jiménez, e integrado por  los magistrados Arístides Dalmiro Heredia Sena y Cindy Rosario Santana,  convirtió un simple caso de embargo ejecutado de acuerdo a la ley, en una querella de robo agravado y asociación de malhechores contra los ejecutivos de Barceló.

Se está jugando con las inversiones turísticas internacionales en la Repùblica Dominicana. La sentencia es un escándalo que debe ser corregido.

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