La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Altagracia Paulino, reveló ayer que de 720 contratos de adhesión entregados por el sector financiero a esa entidad, el 100 por ciento tiene cláusulas abusivas y ambiguas, incluyendo los de tarjetas de crédito.

Dijo que el hecho de que el 100% de los contratos de adhesión, incluyendo las tarjetas de crédito, tengan cláusulas abusivas y ambiguas, es una realidad que no se puede pasar por alto.

Planteó que la falta de transparencia en operaciones del sector financiero en distintos países ha obligado a que se opte por legislar a favor de los usuarios de los servicios financieros.

Las declaraciones de la funcionaria se produjeron en una exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la que señaló la necesidad de una legislación que regule las tarjetas de crédito, para proteger los usuarios.

Durante su ponencia ante los miembros de esa comisión, la titular de Pro Consumidor manifestó que los contratos de tarjetas de crédito fueron revisados y enviados a la Superintendencia de Bancos, para que hagan su labor de regulador sectorial y  contribuyan a la protección de los usuarios.

 Afirmó, en ese sentido,  que las principales denuncias y reclamaciones que recibe Pro Consumidor están íntimamente vinculadas “a cálculo de interés sobre saldo insoluto, fraudes con tarjetas de crédito en perjuicio de consumidores, cambio de tasa sin previo aviso, altas tasas de intereses, cobro de servicios no recibidos, cobro por emisión de plástico sin autorización e incumplimiento de contratos”.

Al abogar ante los legisladores por la necesidad de una normativa jurídica que regule el uso de las tarjetas de crédito, Paulino citó factores que inducen al sobreendeudamiento, como facilitación exagerada e inducida del acceso a los créditos, ausencia de regulaciones adecuadas o incumplimiento, prácticas y cláusulas abusivas en los contratos establecidos por el sistema financiero, entre otros.

Recordó que una cantidad importante de países  han legislado para regular las tarjetas de crédito, “los más interesantes, por su parecido a la realidad socioeconómica dominicana, son las legislaciones de Argentina, España, Panamá, Perú, Chile y Estados Unidos de América”.