LOS ANGELES.  AFP.   Miles marcharon pacíficamente el domingo en Phoenix, Arizona, en protesta por una nueva ley que criminaliza la inmigración indocumentada promulgada el viernes en ese estado fronterizo del sudoeste de Estados Unidos.

 Las imágenes de la televisión mostraron a los manifestantes, en gran parte de origen hispano, que llegaban al capitolio estatal, donde varios tomaron la palabra para denunciar la medida, que obliga a los policías a detener en base a "dudas razonables" a quienes puedan ser extranjeros sin la documentación apropiada para permanecer en territorio estadounidense.

 "Durante estos 90 días, yo y otros vamos a hacer actos de solidaridad. Por eso estamos aquí", dijo el congresista demócrata Luis Gutiérrez dirigiéndose en español a la multitud, en referencia al periodo de casi tres meses antes de que la ley entre en vigencia.

 De su lado, el líder de los derechos civiles Al Sharpton dijo que es el deber moral del pueblo unirse en estas circunstancias.

 "No se equivoquen. Esto no es una pelea de minorías (...) Es una pelea por justicia y equidad para todos", dijo el respetado activista negro.

 La gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, firmó el viernes la ley que permite interrogar y detener a cualquiera que pueda parecer inmigrante indocumentado, aunque no sea sospechoso de ninguna actividad ilegal.

 Sharpton aseguró que los manifestantes traerán gente de todo el país que recorrerán las calles sin documentos de identidad y se entregarán a las autoridades para ser arrestados.

 "Traeremos gente que caminará libre por Arizona al igual que lo hicieron otros en el sur profundo hace 50 años", puntualizó.

 Se trata de la primera vez en Estados Unidos que un estado vota una ley semejante.

Papel de la Policía

La nueva Ley obliga a la policía  a identificar y detener a los extranjeros ilegales.

 Cerca de 460.000 inmigrantes viven de manera ilegal en el estado de Arizona, cuya desértica frontera con México se convirtió desde 1993 en el paso  de indocumentados, después de que EU reforzara los controles en los estados de California, Texas y Nuevo México.