Tan sorprendente como la retención en Venezuela del avión sustraído en octubre del aeropuerto El Higüero resultan las declaraciones del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el sentido de que sería utilizado para financiar actos terroristas el dinero proveniente de los 1,077 kilos de cocaína detectados el jueves en una aeronave en el aeropuerto de La Romana.
Como no se trata de lo que muchos piensan sobre una operación que forma parte del intenso tráfico de drogas que ha sacudido el territorio, de lo cual el mejor testimonio son las sucesivas incautaciones de que han dado cuenta las propias autoridades, el mayor general Rolando Rosado Mateo tendrá que explicarse con relación a una revelación de tantas implicaciones.
Es posible que nadie cuestione la responsabilidad con que ha asumido la lucha contra el narcotráfico. Se trata de una conducta que no puede echar por el suelo despachándose con denuncias que, por falta de indicios concretos, como la que acaba de hacer sobre el narcoterrorismo, se presten a conjeturas.
Si la denuncia fue para escurrir el bulto sobre versiones que circulan en torno al avión el efecto ha sido lo contrario. No se concibe que supiera qué se haría con el dinero proveniente de la droga y que ignore si la aeronave, un jet ejecutivo, bimotor, matrícula N858JP, en que sería transportada la cocaína con destino a Bélgica, pertenece a una conocida familia empresarial, algunos de cuyos miembros ocupan cargos en el Gobierno.
Ha trascendido que por el caso están detenidos un capitán piloto del Ejército, varios agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesa), empleados de la Dirección de Migración y unos extranjeros a quienes miembros de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) y de la DNCD daban seguimiento desde hace unos dos meses.
Al margen del uso que según el presidente de la DNCD se daría a los recursos provenientes de la distribución del cargamento, la verdad es que el territorio dominicano se ha evidenciado harto vulnerable al narcotráfico. Las estadísticas revelan cuantiosos fardos confiscados tanto en aeropuertos y muelles como en el extranjero.
La construcción de cárcel de máxima seguridad y la creación de tribunales especializados podrá ser muy importante, pero ahora mismo la principal tarea es despejar las interrogantes tanto sobre el narcoterrorismo como en todo lo relacionado con la operación.
Si por casualidad no lo ha ponderado, entonces hay que recordar a Rosado Mateo que cualquier cabo suelto sobre el caso se presta a suspicacias. Que en un momento tan particular como el actual puede incluso, por razones obvias, resultar más perjudicial de la cuenta.
